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Efectos secundarios de la pandemia (parte III): «La salud ya no es un derecho, sino una mercancía»

Ideca Peru | Noticias - 22 Julio, 2020
Efectos secundarios de la pandemia (parte III): «La salud ya no es un derecho, sino una mercancía»

«El problema es que la salud ya no es un derecho que el estado tiene que garantizar, sino es una mercancía», señala Pilar Arroyo, del Instituto Bartolomé de las Casas» (Foto: Diego Ramos/Frase Corta)
NICOLE MARON/IDECA PERÚ

En la tercera parte de nuestro análisis de los efectos secundarios de la pandemia analizamos como las medidas tomadas para luchar contra el Covid-19 han agravado las desigualdades sociales, entre otros, en los sectores de salud y educación. 

Por 15 semanas, la mayoría de la población peruana estaba confinada en sus casas. Desde el primer de julio, la cuarentena obligatoria se levantó en algunas regiones del país, mientras el estado de emergencia se prolongó hasta el 31 de julio. En estos meses han surgido diferentes desafíos sociales y estructurales, y un gran porcentaje de la ciudadanía se ha visto enfrentada con problemas económicos debido a la perdida de ingresos. Por otro lado, las discrepancias graves en la sociedad peruana fueron visibilizadas de manera llamativa. «Se han evidenciado las grandes desigualdades en nuestro país, sobre todo en el acceso al sistema de salud y educación y a las tecnologías digitales», señala Pilar Arroyo, socióloga y analista política del Instituto Bartolomé de las Casas. Esto, según ella, radica en la inversión baja en estos sectores, lo cual no es una falla nueva, sino un problema que ya lleva muchos años, sólo que ahora se visibiliza con más gravedad. «Por seguir la lógica del sistema neoliberal, en el cual la privatización juega un rol central, los sistemas de salud y educación públicas han sido descuidados desde los años 90. A este problema se suma la corrupción, por la cual un montón increíble de recursos públicos está desapareciendo cada año. Hablamos de 23 mil millones de soles en 2019. Con esta plata, no sólo se hubieran mejorado las condiciones de la salud pública que se necesitaría tanto en esta crisis, sino también se hubiera dado la posibilidad de pagar bonos casi cinco veces más altos para apoyar a familias perjudicadas por las medidas tomadas para luchar contra Covid-19.»

7 millones de peruanos no tienen acceso a agua potable

Se dice que el virus no discrimina, que ahora todas y todos estamos en el mismo barco. Pero eso no es verdad. Hay grupos de personas que están mucho más expuestos al contagio, por ejemplo los trabajadores del sector minero, los cuales se han visto obligados a seguir trabajando durante casi toda la cuarentena, pues la minería constituye una parte principal de la economía peruana. Por otro lado, hay diferencias inmensas en cuanto a las posibilidades de tomar medidas para protegerse, como el distanciamiento social, el lavado de manos o el uso de desinfectantes. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, aclaró que 7 millones de peruanos no tienen acceso a agua potable y 8 millones no tienen servicios de desagüe, lo que causa una situación muy complicada de salud, sobre todo porque existen cientos de miles de hogares en hacinamiento, y sobre todo en las comunidades rurales casi no hay servicios básicos de agua y saneamiento.

Un 78 por ciento de los hogares clasificados como pobres no tienen un refrigerador, lo que les imposibilita hacer compras semanales. Eso quiere decir que tienen que acceder a los mercados con más frecuencia, sabiendo que son focos de contagio. Más que un 70 por ciento de la población peruana trabaja en el sector informal y vive del día al día, y sólo un 12,1 por ciento tiene ahorros, la mayoría de ellos en zonas urbanas. El periódico digital «Ojo Público» estima que a nivel nacional, sólo en zonas urbanas hay 3,5 millones de personas que se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria por la falta de ingresos durante la cuarentena. Así que: No, no estamos en el mismo barco.

«El problema no es de ingresos, sino de distribución justa»

Pero la desigualdad no sólo se muestra en cuanto al riesgo de contagio. Las oportunidades para acceder a un tratamiento adecuado si uno se enferma varían mucho, dependiendo del lugar de residencia y de las condiciones económicas del paciente. «Ahora más que nunca está saliendo a la luz lo ineficiente y fragmentado que es el sistema de salud en el Perú», dice Pilar Arroyo. «Hay clínicas de primera calidad, pero tienen un costo enorme. Para un tratamiento del Covid-19, han estado cobrando entre 200.000 y 800.000 soles hasta que, a inicios de julio, el gobierno los forzó a llegar a una tarifa plana para que cobren 55.000 soles.» Por otro lado, los hospitales públicos en algunos lugares colapsaron, sobre todo en las regiones que se han visto enfrentadas no sólo con el coronavirus, sino también con la epidemia del dengue, cuyo número de casos es ocho veces mayor que en los mismos meses del año pasado. «El problema es que la salud ya no es un derecho que el estado tiene que garantizar, sino es una mercancía», señala Pilar Arroyo. «El estado no tiene el derecho de regular los precios en el sector privado; y en el sector público, la inversión es muy baja. La Organización Panamericana de Salud recomienda invertir un 6 por ciento del Producto Interno Bruto en salud, pero aquí llega sólo a un 3.3 por ciento como máximo, a pesar de que la economía ha crecido. Es decir: No es un problema de ingresos, sino un problema de distribución justa.»

«Algunos alumnos están en riesgo de perderse todo el año escolar»         

Otro sector donde se muestra fuertemente la desigualdad social, es el sector de educación. Hasta que los colegios retomen las clases presenciales –probablemente recién al año–, el factor más importante para el acceso a la educación son los medios de comunicación, sobre todo el internet, y ahí se evidencia una vez más que no hay igualdad de oportunidades en el Perú. Según el INEI, en la zona rural del departamento de Puno, sólo un 7.5 por ciento de la población tiene acceso al internet, y se estima que un 35 por ciento no pueden acceder a ningún medio de comunicación como la radio o la televisión. El periódico «La Republica», el 10 de mayo publicó un reportaje sobre niños y niñas de la comunidad Kantati Ururi en Huancané, los cuales tienen que caminar cinco kilómetros cada día para llegar a un cerro donde les entra la señal de la radio que necesitan para atender sus clases.

Alfredo Oscamayta Flores, docente en el colegio de Yunguyo y residente de la comunidad Imikati, indica que la enseñanza virtual es un gran reto, no sólo para alumnos y las alumnas, sino también para profesores y profesoras: «Para empezar, se espera que nosotros como docentes dispongamos de acceso ilimitado al internet y de los equipos técnicos necesarios, como laptops, tablets o celulares inteligentes.» Alfredo Oscamayta Flores aparte de ser profesor es padre y tiene tres hijos, así que la familia tendría que tener cuatro dispositivos para que todos puedan atender a sus clases al mismo tiempo. Esto es un costo enorme que muchas familias, tanto en el área rural como en el área urbana, no pueden asumir. «Tengo varios alumnos y alumnas que no pueden conectarse y están en riesgo de perderse todo el año escolar. Pero aparte de eso, el rol de los padres en la educación de sus hijos es crucial en estos tiempos. Escuchar al docente por Zoom, por televisión o por radio no es lo mismo que tener clases presenciales. Los niños necesitan apoyo, y obviamente no todos los padres tienen las mismas capacidades o el tiempo para acompañarles.» Esto está causando aún más desigualdades entre niños y niñas de diferentes regiones y clases sociales.

«Sólo va a haber cambios si la gente las pide»

La crisis actual visibiliza muchos problemas estructurales que hasta ahora se logró esconder hasta cierto punto. La pregunta es, ¿cómo seguimos una vez que pase la emergencia? Probablemente va a tomar años para que la economía se recupere, y un gran porcentaje de la población va a enfrentar tiempos duros. «Se estima que la pobreza va a aumentar un 8 por ciento, y la llamada nueva clase media puede volver a situación de pobreza. Y con pobreza no me refiero a una situación con escasos recursos, sino a problemas existenciales: Es previsible que la gente va a pasar hambre, sobre todo en zonas urbanas», destaca Pilar Arroyo.

En todo este escenario poco prometedor, surge una pregunta crucial: ¿De alguna manera se va a poder «aprovechar» de esta crisis a mediano plazo, como aprendizajes que nos llevan a empujar cambios reales para disminuir las desigualdades sociales? Pilar Arroyo lo está dudando: «Sólo va a haber cambios si la gente se organice y las pida. Pero los movimientos sociales en el Perú están fragmentados. Para lograr una presión real, tendrían que unirse y ser más activos, y presentar propuestas alternativas.»

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*Nicole Maron es una periodista y escritora suiza con enfoque en temáticas medio-ambientales y sociopolíticos como migración, (in)justicia global, descolonización y derechos humanos. Forma parte del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
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