El abogado constitucionalista Pablo Ricardo Abdo, aseguró que el juicio del “aimarazo” es un caso de criminalización de la protesta, entre otras razones, por los antecedentes que motivaron la movilización de los aimaras en el 2011, además de la denuncia planteada de forma extraña por el Ministerio Público.

“En ningún momento los aimaras emprendieron su movilización para cometer conductas delictivas”, expresó el abogado, al referir que los antecedentes de este hecho lo demuestran así, porque había motivos para derogar el decreto que entregaba la concesión minera a la empresa Bear Creek Mining.

Explicó que la concesión se entregó en medio de irregularidades, pues usaron a una peruana para que solicite la concesión que finalmente fue entregada en un territorio prohibido por la Constitución Política del Perú, porque se encuentra en zona de frontera.

“Los aimaras se han movilizado en defensa de su territorio, en ningún momento se han movilizado para extorsionar o hacer disturbios”, señaló el abogado, al referir que las propias declaraciones de los miembros de Inteligencia han declarado que fueron los infiltrados los que generaron hechos de violencia durante la protesta.

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Fuente: Diario Los Andes.

Fecha: 17 de mayo, 2017,