Mattes Tempelmann, geógrafo alemán que trabaja en Perú para la RED MUQUI, nos propone una aproximación a los conflictos mineros en ese país, a partir del caso de la comunidad campesina Cruz de Mayo y su potencial de la agricultura familiar como alternativa al extractivismo. El trabajo mereció una mención especial en el concurso anual Alimentos y pensamientos, porque contrapone directamente minería con agricultura familiar enfocada en recursos esenciales y a partir de un caso local con argumentación teórica general.

Fuente: Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS

“Los pueblos pueden decidir entre el camino del desarrollo o la pobreza”, dijo Pedro Cateriano, Presidente del Consejo de Ministros del Perú, en el marco del conflicto por el proyecto minero Tía María, que ha estado en las agendas noticiosas del país y la región prácticamente todo el año. Esta opinión focaliza el discurso sociopolítico pro minero, dominante en el Perú, firmemente convencido de que la minería traerá progreso y desarrollo económico para las zonas mineras del país.

Pero no es sólo Perú. También ocurre en otros países de América Latina existe, desde la época de la colonia, un sistema extractivista con una “economía primario-exportadora” (Monge, C. (2012): Entre Río y Río. El apogeo y la crisis del extractivismo neoliberal y los retos del postextractivismo en el Perú). Esto significa que los recursos naturales (petróleo, cobre, oro, etc.) están siendo exportados a otros países con poco o ningún valor agregado. El sistema trae una gran dependencia de los países hacia la economía global y de la demanda del mercado.

Contexto del extractivismo en el Perú

En Perú, entre 1990 y 2000, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, empezó una flexibilización del sector minero con privatización de empresas transnacionales. Una tendencia que continuó con los gobiernos siguientes. Hoy en día, este país cuenta con un extractivismo neoliberal (Bebbington, A. (2013): Underground Political Ecologies) que se encuentra económica y políticamente cimentado. Para el Estado peruano la minería es el principal motor del desarrollo del país, pues las empresas prometen inversiones y empleo. Por ello, en los últimos dos años el gobierno peruano ha aumentado los márgenes de maniobra para las empresas mineras, a costo de los derechos ambientales y humanos en las regiones mineras.

Sin embargo, los proyectos mineros conllevan una gran cantidad de incertidumbre para las comunidades campesinas y nativas del país. Por ejemplo, las concesiones mineras en el Perú son un riesgo latente para las comunidades, sobre todo en el acceso al territorio, al agua, la tierra y los recursos naturales.

La cantidad de concesiones mineras han estado aumentando continuamente y con mayor intensidad en los últimos años. El año 2014 un 20% del territorio del país estaba concesionado a la minería (Cooperacción (2014): informe sobre concesiones mineras). Pero las promesas no se cumplen en el mismo porcentaje. Varios estudios señalan que la minería no trae casi ningún efecto positivo para el bienestar y desarrollo de la población. (Arellano, Y. (2011) ¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú; Arellano, Y. (2012) Mining and conflict in Peru: Sowing the minerals, reaping a hail of stones). Por el contrario, el investigador uruguayo Eduardo Gudynas habla de un extractivismo depredador, “(…) de graves impactos sociales, económicos, ambientales y territoriales a nivel local y nacional” (Gudynas (2012) Transiciones para salir del viejo desarrollo).

En los últimos diez años, como resultado del boom minero en el Perú, aumentó proporcionalmente la cantidad de los conflictos mineros. En marzo del 2015, la Defensoría del Pueblo registró 141 conflictos socio ambiental, de los cuales 94 (equivalente al 66,7%) son conflictos relacionados con actividades mineras. Más de la mitad son por acceso a tierra agrícola o por agua.

La competencia por el acceso a los recursos naturales ha conllevado conflictos entre las comunidades campesinas e indígenas y las empresas mineras. Muchos de estos conflictos han desencadenado en violencia, no solo por el acceso a los recursos naturales, sino por la contaminación ambiental y problemas de salud; el despojo de tierras y la dependencia económica del sector minero, así como también las limitaciones de desarrollo para una región.

Muchas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y movimientos sociales critican desde hace años que los estándares ambientales y sociales en el sector minero no están siendo cumplidos ni controlados. Algunos actores también critican el modelo extractivista en sí. Actualmente, en el Valle del Tambo, la población resiste contra el proyecto minero Tía María. Su consigna es “agro y agua sí, mina no”. En muchos casos, el gobierno reacciona con represión y con la difamación a las y los líderes y a los propios manifestantes, tildándolos de “terroristas anti-mineros”, como ocurre actualmente en el caso Tía María.

Aproximaciones teóricas

El concepto teórico de la Ecología Política ofrece un aporte analítico importante para entender mejor la complejidad de los conflictos por minerales y territorios (Bebbington, A. 2013 (ibid.), pues, precisamente, esta disciplina se dedica al análisis del nexo de los intereses y relaciones de poder entre los actores participantes y sus discursos. A modo de ejemplo, es necesario ver que un conflicto local tiene sus orígenes en la demanda global y en la carrera capitalista por energía.

En los últimos diez años, en América Latina, pero especialmente en el Perú, tuvo lugar un “extractivismo rápido y agresivo” (Bebbington, A. 2013 (ibid.). Los recursos naturales, minerales e hidrocarburos son indispensable para el crecimiento de la economía global capitalista, por lo tanto, las actividades mineras aumentan considerablemente la presión hacia los recursos hídricos en regiones dónde ya existe un escasez de agua” (Bebbington, A. 2013 (ibid.).

La teoría del Ecologismo de los Pobres brinda una perspectiva complementada desde los actores locales. En el marco de los conflictos mineros, donde la disputa se basa en el uso y acceso a tierra, al agua y a la defensa de los territorios, nos indica que la resistencia de la gente pobre del campo no es porque son ecologistas, sino porque “ven que su propia subsistencia está amenazada por un proyecto minero” (Martínez-Alier (2002): The Environmentalism of the Poor).

Comunidades campesinas defendiendo la agricultura familiar

En muchas regiones rurales del Perú las comunidades campesinas protestan contra proyectos mineros, defendiendo su territorio. Por ejemplo, la comunidad campesina Cruz de Mayo, en la región Ancásh, afronta esta problemática desde antes del año 2008. En el territorio de la comunidad está la concesión de un proyecto minero con un área de 224 hectáreas en extensión (CEAS (2011): La comunidad campesina Cruz de Mayo. Una comunidad que defiende y promueve la vida).

La comunidad se encuentra en una altura por encima de los 3.500 msnm y en una zona de cabecera de cuenca de los ríos Llullán y Parón. La comunidad practica la agricultura familiar, sembrando papas, maíz, arvejas y flores, entre otros productos, para venderlos y para su autoconsumo.

La agricultura familiar es la mayor actividad económica que también se está intensificando a manera orgánica. “Hasta ahora podemos vivir muy bien de la agricultura familiar” – dice el comunero Adán- “por eso defendemos nuestro territorio, porque no podemos convivir con una explotación minera dentro de la comunidad”. Mientras que Antonio, otro comunero, dice que “La minería disminuiría la calidad y cantidad del agua y también afectaría negativamente a la agricultura y nuestro modo de vida. Y si vendo mi tierra, voy a tener plata, pero ¿qué haría cuando se acabe la plata? Ya no voy a tener terreno para sembrar”, -explica María-, una comunera que vive en la zona de los manantiales.

Actualmente la comunidad está defendiendo su territorio de forma organizada. Están seguros de que las demandas para un fortalecimiento de la agricultura familiar y una diversificación de la economía en zonas rurales traerán muchos beneficios. Un análisis de Eguren, F. y Pintado, M. ((2015): Contribución de la agricultura familiar al sector agropecuario en el Perú, muestra la importancia de la agricultura familiar respecto de su alta contribución en la población económicamente activa y su gran aporte al valor de la producción agrícola.

Perspectivas post extractivistas

En resumen, la causa de la gran conflictividad debido a los proyectos mineros y por el derecho y acceso a territorios, agua y tierra, el modelo extractivista no es sostenible. Justamente, la cantidad de conflictos mineros y casos de resistencia demuestran dónde tiene sus debilidades y errores estructurales este modelo. Por lo tanto, se necesita una alternativa al desarrollo de la nueva minería.

Algunos teóricos, críticos y líderes de movimientos sociales también exigen transiciones hacia un post extractivista. Un modelo que permita solamente la minería que realmente es necesaria e indispensable, sin contaminación ambiental ni vulneraciones a los derechos humanos.

Hay ejemplos que demuestran ensayos post extractivistas, pero de manera local y sin conexiones a una economía nacional de similares características y, por lo tanto, no son sostenibles (Bebbington 2013 (ibid.); Rauch (2009): Entwicklungsoplitik).

Para aplicar las transiciones hacia un modelo post extractivista se necesita una diversificación de las economías nacionales y locales. El fortalecimiento de la agricultura familiar es uno de los elementos más importantes hacia un modelo de ese tipo.

La agricultura familiar fortalece las comunidades y sus economías, como también la economía nacional y el cuidado del medio ambiente. Por ello, la agricultura familiar es una verdadera y sostenible alternativa a la minería. Su potencial para un modelo post extractivista es importante y va acompañado de enfoques del Buen Vivir en la región, y a nivel internacional, con enfoques del post-crecimiento.

Fuente: Red Muqui (http://www.muqui.org)

Lima: 09 de noviembre