Señor Presidente de la República del Perú

Señor Presidente del Consejo de Ministros

Señora Ministra del Ambiente

Señora Presidenta del Congreso de la República

Señores Congresistas de la República

Asunto: Organizaciones de la sociedad civil muestran preocupación por temas descentralización y ordenamiento territorial.

 De nuestra especial consideración:

Reciban el cordial saludo de las instituciones que conformamos la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, colectivo de la sociedad civil que tiene como propósito promover la implementación de una política de ordenamiento y gestión del territorio basado en la participación democrática de la sociedad y el reconocimiento de la heterogeneidad sociocultural del país.

Después de la asunción de mando presidencial y la entrada en funcionamiento del nuevo Congreso de la República, el gobierno ha puesto énfasis entre otras cosas, en la necesidad de promover y desarrollar proyectos de inversión pública y privada para la reactivación económica. Si bien este propósito es importante debe conciliarse con otros objetivos de la sociedad peruana como son la protección de los derechos y del ambiente, la seguridad alimentaria, la descentralización y la planificación con visión de sostenibilidad. Para todo ello, el ordenamiento territorial es un instrumento clave.

Consideramos que las inversiones y el ordenamiento territorial no son contrarios y pueden armonizarse desde una perspectiva de desarrollo sostenible, como bien lo entiende la OCDE, organización de la cual Perú desea formar parte. Justamente, esta instancia, en el documento de evaluación de desempeño ambiental del Perú realizado por la CEPAL y que fuera publicada en mayo del 2016, señala que “las normas legales que se refieren al ordenamiento territorial son muchas, en diferentes ámbitos y con superposiciones lo que dificulta entender su alcance y fuerza jurídica”, por lo que recomienda que se defina una política nacional de ordenamiento territorial que tenga como resultado una ley que integre los temas dispersos y que establezca su fuerza legal en relación a otras políticas. Además sugiere que se concluyan los procesos y se cumplan con los instrumentos de ordenamientos existentes.

Por su parte, en la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, compromiso asumido por el Perú, el objetivo 6 plantea garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible. Este objetivo tiene como meta poner en práctica la gestión sostenible de los recursos hídricos, estableciéndose como uno de sus indicadores el grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (OIRH).

Según la OMS “OIRH es el proceso de promover el desarrollo y la ordenación coordinada de aguas, tierras y recursos conexos para optimizar el bienestar económico y social resultante de una manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”, en otras palabras, este ordenamiento integrado de recursos hídricos es una forma de ordenamiento territorial.

Son diversos los documentos of que señalan la necesidad de contar con planes de ordenamiento territorial que nos conduzca a una ocupación ordenada del territorio. Por las razones expuestas recomendamos:
– Contar con una política nacional de ordenamiento territorial que impulse la planificación y la gestión territorial como parte importante de la promoción del desarrollo.

– Establecer criterios normativos claros para la aplicación de esta herramienta, dada la confusión actual. Esto debería llevar a contar con una ley de ordenamiento territorial que fortalezca la institucionalidad, y por lo tanto, que establezca mecanismos de coordinación en diferentes niveles de gobierno, sectores y actores que participan en el ordenamiento y armonice las políticas e instrumentos de planificación.

– Acelerar los procesos de ordenamiento territorial, muchos de los cuales se iniciaron hace más de dos gestiones gubernamentales, generando con ello desaliento y la pérdida del interés de la población.

– Para facilitar estos procesos, pero también el desarrollo descentralizado e integral de las regiones, provincias y distritos, es necesario fortalecer el Consejo de Coordinación Intergubernamental. El gobierno anterior y las asociaciones de gobiernos descentralizados acordaron un nuevo Reglamento para el funcionamiento del mismo, un primer paso en esta dirección, debiera ser su implementación y activación. Esta instancia debería garantizar que los funcionarios encargados del proceso de Ordenamiento Territorial – OT sean permanentemente capacitados y tenga el acompañamiento necesario y que los procesos sean participativos, interculturales y concertados. Esta instancia en definitiva, puede jugar un rol importante en la promoción de la diversificación e integración productiva de cada territorio, priorizando la creación de demanda interna y la infraestructura articuladora.

– En la medida que el artículo 22 de la Ley 30230 señala que “ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de uso” es necesario que se le devuelva al Ordenamiento Territorial su función reguladora del uso del territorio a fin de que pueda cumplir con la finalidad de garantizar el desarrollo sostenible. Ello supone la derogatoria o modificatoria del artículo 22 de la Ley N° 30230.

Confiados en que nuestros aportes sean tomados en cuenta por los poderes Ejecutivo y Legislativo, nos despedimos.

Atentamente,

Asociación Arariwa
Asociación Servicios Educativos Rurales – SER
Amazónicos por la Amazonía – AMPA
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
CEPES
Cima Cordillera Azul
Cooperacción
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
Fedepaz
Forum Solidaridad Perú – FSP
Grupo Propuesta Ciudadana
Instituto del Bien Común
Movimiento Ciudadano frente al cambio climático – MOCICC
Paz y Esperanza Ayacucho
RED MUQUI
Unión Geográfica Internacional – UGI

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Fuente: Red MUQUI