EN ESPERA EN EL CONGRESO

Propuesta genera diálogo, ahorro estatal, mitiga impacto ambiental, protección a la biodiversidad, salud y tranquilidad de poblaciones rurales e indígenas

Está comprobado que la prevención y la alerta temprana puede minimizar cualquier impacto. En el plano social, la experiencia de vigilancia y monitoreo ambiental por parte de las organizaciones indígenas y la sociedad civil han demostrado que aportan previniendo conflictos, además fortalecen la supervisión ambiental que realizan las entidades del Estado. Por eso, más de 500 organizaciones alto andinas y amazónicas hacen una llamado a los congresistas para que se apruebe el Proyecto de Ley 3937 «Ley de Articulación de la Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social Ciudadano e Indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental», que sería de gran utilidad para apoyar una adecuada gestión ambiental que no afecte las inversiones ni tampoco la salud y tranquilidad de los pueblos.

Lizardo Cauper, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que representa a miles de pobladores de comunidades rurales e indígenas, solicitó a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República la aprobación del dictamen para que este proyecto sea debatido. Señalo que la propuesta es que las Organizaciones de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social (OVMAS) sean reconocidas como instancias autónomas que se integran al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, de tal manera que se institucionalice su aporte en la protección del medioambiente y apoyo en la supervisión y fiscalización que realizan las instituciones del Estado, respetando sus formas organizativas tradicionales.

Por su parte Walter Pereda, Director de la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) que conjuntamente con las organizaciones de base de las provincias de Otuzco, Santiago de Chuco y Sánchéz Carrión de la región La Libertad, vigilan la calidad de fuentes superficiales de agua en zonas de actividad de gran minería desde hace 11 años, señala que es importe empoderar a las OVMAS en el conocimiento y aplicación de los protocolos para el recojo de muestras de agua, en un trabajo participativo con apoyo de los técnicos, y que permite con los resultados de los análisis respectivos, apoyar a las instancias competentes del Estado en su tarea de supervisión y fiscalización de éstas actividades.

Según datos de la Defensoría del Pueblo existen más de 200 conflictos sociales, de los cuales el 75% están relacionados al sector minero, lo que trae paralizaciones en la industria, demandas económicas, retraso económico en la región, pero sobre todo afectan las condiciones de vida de los pobladores rurales y pueblos indígenas. En lo que va del 2005, solo se han solucionado 14 conflictos sociales en el país.

Iris Olivera, especialista en temas indígenas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señaló que el proyecto de ley contempla que los reportes de las OVMAS deberán ser considerados obligatoriamente por los organismos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) para elaborar y evaluar los instrumentos de gestión ambiental, ordenamiento territorial y los términos de referencia para la evaluación de proyectos de inversión, entre otros. También podrán proponer el establecimiento de zonas de emergencia ambiental y de áreas críticas, si el nivel de contaminación afecta la salud de las personas; su rol es básicamente preventivo, pues actuarán antes frente a proyectos de inversión.

Lo que queremos es institucionalizar la vigilancia y monitoreo ambiental, esto no solo generará ahorro en el gasto público al mitigar el impacto ambiental, ahorro de recursos al sector privado, salud de la población involucrada, protección de los ecosistemas y biodiversidad, sino que contribuirá al fortalecimiento del sistema nacional de gestión ambiental actuando con actitud preventiva y canalizando los conflictos socio-ambientales. Contribuiremos con ello a que el diálogo se inicie desde un comienzo, que los derechos ambientales y sociales se manejen en el marco de una buena práctica de la gobernanza, indicó Olivera Gómez.

Finalmente Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui, resaltó el reconocimiento de las OVMAS y el carácter preventivo de su accionar frente a situaciones de eventual conflictividad social, pues éstas actúan antes del otorgamiento de cualquier derecho que pueda afectar tierras de poblaciones y comunidades campesinas y nativas, permitiendo con ello su protección y el respeto de derechos fundamentales y colectivos.

Fuente: Red Muqui (www.muqui.org)

Fecha: Lima, noviembre 2015.

FOTO: Gobierno Regional de Lima.