La RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. Si bien respaldamos las medidas del gobierno para afrontar la inseguridad ciudadana que tanto nos afecta, nos preocupa el anuncio que al respecto ha realizado el Presidente de la República Martín Vizcarra en medios de prensa: “si las Fuerzas Armadas podrían ayudar en el cuidado de los activos críticos del Estado, quedarían libres muchos policías que están cumpliendo esa función para que cumplan el rol de seguridad ciudadana”.
2. Estas declaraciones visibilizan un tema presente desde noviembre 2017, cuando la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales (ACN), y el Ministerio del Interior dictó poco después la Directiva Nacional de Orden Interno para la protección de los Activos Críticos.
3. Los activos críticos nacionales son definidos por el reglamento como aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que requieren ser utilizados para satisfacer las necesidades vitales de la Nación (salud, integridad física, seguridad, bienestar social y económico de la población, servicios públicos, etc.). El operador o administrador de un activo crítico es una entidad pública o privada. Cada sector define sus activos críticos, en función de esas necesidades vitales. Son consideradas como tales, la energía y minería y, en consecuencia, el Ministerio de Energía y Minas define activos críticos, que serían los proyectos mineros, hidrocarburíferos y de electricidad. El propósito de definirlos es gestionar su seguridad, garantizando con ello la intangibilidad o continuidad de sus operaciones,
4. Lo que quiere decir es que, por esta norma se está brindado seguridad a emprendimientos que no necesariamente tienen una finalidad pública, como ocurre con la minería, y para ello se están utilizando recursos del Estado, proporcionando seguridad a través de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. La pregunta es si la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben hacerlo. Consideramos que no.
5. La finalidad principal de la Policía Nacional es garantizar, mantener y restablecer el orden interno; y el de las Fuerzas Armadas, garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial. Distorsionar sus funciones constitucionales para beneficiar a privados debilitan la democracia y puede tener consecuencias lamentables, principalmente en zonas de conflictos socio ambientales.
6. Nos preocupa que se agrave la situación de violación a derechos humanos con la figura de los activos críticos. No debemos olvidar las distorsiones y consecuencias que ha generado en zonas de conflictos mineros, la celebración de convenios de seguridad entre policía y empresa. Consideramos que la intervención de las Fuerzas Armadas en territorios dando seguridad a empresas mineras es un riesgo ya que están preparadas para otro propósito, el defender al país de una agresión externa. Añadido a ello, nos parece que asumir los costos de la seguridad privada de las empresas con personal y fondos públicos es algo que debería revisarse, más aún cuando el país tiene déficit significativo en servicios públicos.
7. Los conflictos mineros se producen no por un rechazo sin fundamento de la actividad, sino porque las comunidades y poblaciones que habitan en territorios tratados como zonas mineras, en su mayor parte no son informados debidamente sobre los proyectos mineros, no reciben asesoramiento técnico para comprender la información y tomar una decisión; no reciben apoyo del Estado como garante de sus derechos, que más bien prioriza criminalizar sus protestas y reprimirlas, sin escuchar ni entender sus demandas y propuestas.
8. En ese sentido, es evidente la presión que algunos empresarios mineros ejercen en el gobierno para que se realice el proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, pese a la oposición de la población que defiende su actividad agrícola, agroindustrial y agroexportadora, y sus modos de vida alternativos. Nos preocupa el riesgo que se cree un “escenario propicio” para aplicar una eventual “militarización”, pese al “diálogo” anunciado por el gobierno.

Invocamos al Presidente de la República a revisar su política para enfrentar los conflictos mineros, a fin de que ésta sea acorde con los derechos humanos, cumpla con las condiciones de un Estado democrático, y no ceda ante la presión del poder económico, priorizando la paz social y el bienestar de todas y todos los peruanos.

Lima, 20 de junio de 2019

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Fuente: Red Muqui.

Feccha: 24 de junio, 2017.