Desde RED MUQUI, al hacer un balance del año 2018, nos encontramos con los siguientes desafíos que se deben asumir desde el gobierno y las empresas respecto de la actividad minera en nuestro país hacia el 2019:
1. Si bien destacamos la lucha por la gobernabilidad y la democracia impulsada por el gobierno, frente a la corrupción y los poderes políticos que buscan la inestabilidad del país, hemos contemplado que con el referéndum, se han dejado de lado temas de agenda nacional fundamentales para la paz social, la convivencia y el respeto a los derechos individuales y colectivos de nuestras comunidades y poblaciones de todo el país.
2. El actual gobierno del señor Vizcarra, que fuera primer vice presidente del señor Kuczynski, ha seguido la misma política económica de su antecesor, impulsando las inversiones orientadas a la extracción compulsiva de recursos naturales, facilitando especialmente nuevos proyectos de exploración y explotación minera.
Estos proyectos mineros se impulsan en base a los marcos normativos y políticas que dictó el gobierno de Kuczynski , que eliminan garantías para las tierras de comunidades en favor de los proyectos de inversión prioritarios (Como el D. Leg 1333 que sigue vigente), el acaparamiento de tierras con intereses económicos, el mantenimiento de las puertas giratorias que permiten que funcionarios de empresas mineras ingresen como funcionarios del Estado para facilitar autorizaciones y normativas para dichas empresas, la flexibilización de estándares ambientales (Como el D.S 003-2017/MINAM y D. Leg. 1285), y ahora planteando incluso flexibilizar los derechos laborales, medidas con las que no estamos de acuerdo, pues el con ello el Estado sigue dejando de lado su rol garante de derechos, y sigue priorizando un rol promotor de la actividad minera, poniendo a las personas al servicio de la economía.
3. Insistimos en la necesidad de erradicar la Criminalización, Estados de Emergencia y la privatización del rol de nuestras fuerzas policiales como estrategia para “proteger” la actividad minera.
En particular desde Red Muqui presentamos nuestra solidaridad con el Dr. Fernando Osores, que fuera nuestro consultor, y con el Abogado Juan Carlos Ruiz de IDL, quienes en su afán de hacer públicos los impactos de los metales tóxicos en salud que genera la actividad minera en Espinar, Cusco, han sido criminalizados.
4. Consideramos que el diálogo es central para el logro de la paz social que buscamos en el país, pero los signos que da el gobierno con la reciente eliminación de procesos de diálogo en curso, con avances en la discusión de agendas sobre el desarrollo del país en minería, sin la participación de las afectadas y afectados por la actividad minera, o con la aplicación del derecho a la consulta previa en minería como un mero requisito que cumplir, sin aplicar los estándares del Convenio 169 de la OIT, hacen ver que la imposición de las decisiones en minería sigue siendo parte de la política del Estado.
Nos oponemos a cambiar la lógica del diálogo por la negociación o la fuerza, las personas no pueden renunciar a sus derechos fundamentales por privilegiar una actividad económica.
5. Desde Red Muqui proponemos una necesaria diversificación productiva en el país, para ello es necesario fomentar alternativas de desarrollo, para no depender sólo de una actividad económica como ocurre por decisión política en el Perú con la actividad minera, considerando las potencialidades de nuestro territorio en base al respeto a un ordenamiento territorial que sea vinculante y participativo y que establezca de manera consensuada que actividades se pueden hacer o no y en qué lugares, y la necesaria protección de las fuentes de agua y los ecosistemas que la generan. En particular proponemos el apoyo a la Agricultura familiar a la que se dedican gran parte de nuestras comunidades campesinas, y de la que depende nuestra seguridad alimentaria.
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Lima, 20 de diciembre 2019
Fuente: Red Muqui (www.muqui.org)