IDECA Perú.- El 05 de abril de 1992, el entonces presidente del Perú Alberto Fujimori, emprendió una reforma que le facilitaría el control total sobre el aparato estatal sin respetar la democracia, el estado de derecho ni el orden constitucional; disolvió el Parlamento y anunció la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales (hoy Tribunal Constitucional), el Consejo Nacional de la Magistratura y la reestructuración de la Contraloría. El pretexto fue una supuesta falta de apoyo de los poderes del estado y las entidades para la recuperación económica y la lucha antiterrorista, pero el objetivo central de Fujimori era perpetuarse en el poder.
El régimen fujimorista también dispuso el arresto domiciliario de los presidentes del Senado (Felipe Osterling) y de la Cámara de Diputados (Roberto Ramírez del Villar), la captura del congresista César Barrera Bazán y del periodista Gustavo Gorriti. Así mismo, se allanó el local del partido aprista y la casa del ex ministro del Interior Agustín Mantilla, entre otros. Por otro lado, se ordenó la intervención militar de las universidades y los locales sindicales y se intervino al Colegio de Abogados de Lima y los principales medios de comunicación.
Lima fue la primera ciudad que sufrió los estragos del autogolpe y las consecuencias posteriores fueron trágicas para todo el país. Fujimori tomó el control de la mayoría de las instituciones públicas, pero, sobre todo, los medios de comunicación a través de sobornos, prebendas y asfixia financiera. Bajo el mando de Vladimiro Montesinos, ex asesor del SIN, se implantó un sistema y red de corrupción que acaparó gran parte del aparato público y parte del sector privado. Los hechos más trágicos durante el gobierno de Fujimori estuvieron relacionados con la violación sistemática de los derechos humanos, con el pretexto de combatir el terrorismo; y también, política de esterilizaciones forzadas, que fueron aplicados a mujeres de las regiones con mayoría de población indígena.
El autogolpe también dio luz a la Constitución de 1993, con la cual se implantó un sistema neoliberal a ultranza con la privatización de las instituciones públicas. Las consecuencias son la restricción de los derechos fundamentales, como es la estabilidad laboral, el derecho sindical, a la educación y a la salud, entre otros.
25 años después, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y otros responsables están condenados por todos los delitos de corrupción y la violación de los derechos humanos.
Así, para poder conocer más a profundidad, desde la Biblioteca IDECA, recomendamos leer un par de textos (Hacer click para descargarlos):