En el año 2017, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), confirmó la presencia de metales tóxicos, como aluminio, arsénico, cadmio, cobalto, cobre, cromo, hierro, magnesio, níquel y zinc en las aguas de la cuenca Jatun Ayllu e incluso en los pastizales, por efecto del viento.
Los componentes de la unidad minera drenaban ácido de la mina que discurría hasta llegar al Titicaca, pasando por Ayaviri, donde la población consume dicha agua.
“La contaminación se inició hace 15 años, en 2009 hicimos un paro reclamando a la minera, pero fuimos reprimidos y denunciados por la Policía; en el año 2016 se inició la mesa de desarrollo, donde hemos pedido la ejecución de un plan de acción, planta de tratamiento de aguas ácidas y otras demandas, pero hasta ahora no somos atendidos”, dijo el representante de la comunidad Cerro Minas, Julio Cari.
Recientemente, el 15 de mayo de este año, han enviado un documento al Gobierno Regional de Puno (GRP), solicitándole información sobre las acciones implementadas para la atención de afectados y expuestos a metales pesados, pero tampoco hay respuesta.
La población exige acciones concretas del GRP, en el marco de la Ley N° 31189, que fortalece la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados, así como el Decreto Supremo N° 037-2021-MINAM, que aprueba el Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados.
La Municipalidad Distrital de Ocuviri (Lampa), ha emitido la Ordenanza Municipal N° 005-2023, que declara de interés prioritario la atención a las personas afectadas por metales pesados. El asesor técnico de dicha comuna, Rubén Vilca, dijo que para su implementación, se requiere que el GRP emita una ordenanza regional que articule estas acciones, como la creación del registro distrital de personas afectadas por metales pesados en Ocuviri.
El integrante de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Rodrigo Lauracio, dijo que la población presentó en el año 2021 una denuncia penal, y a la fecha solo se ha formalizado investigación contra dos gerentes de Aruntani, Gustavo Durán y Julio Patiño, lamentablemente no hay avances.
Detalló que según la Ley General de Medio Ambiente y la Ley General de Minería, la empresa tiene responsabilidad de remediar los impactos ambientales, pero si el daño es grande, el Estado debe asumir dicho rol. Actualmente se tiene un presupuesto nacional aproximado de 55 millones de soles, y el GRP debe solicitar un monto específico.
Los pobladores enviaron un memorial al GRP para que atienda sus demandas, piden la ampliación de tamizajes, avance de planes y presupuestos, iniciativas de remediación, entre otros puntos.
Código: 01895
Autor (es): Raquel Loayza Rios
Nro Páginas: 100
Clima/Metereología/Puno/Agricultura
