COMUNICADO
Ante la información aparecida en diversos medios periodísticos sobre la solicitud de asilo político presentada por el ex-Presidente Alan García Pérez al Gobierno de la República del Uruguay, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señala a la opinión pública lo siguiente:
- En el Perú, el sistema de justicia, especialmente a través de jueces y fiscales valientes y probos, ha emprendido una lucha frontal contra la corrupción, que en el caso LavaJato compromete la participación de ex-mandatarios y altos funcionarios, entre otros.
- Los ex-mandatarios, ex-funcionarios y los partidos políticos implicados en las investigaciones del Ministerio Público vienen desplegado una sistemática labor de obstrucción a la justicia, especialmente a través de su representación en el Congreso de la República y también, a través de operadores que actúan al interior del sistema de justicia.
- En el caso del ex-presidente Alan García Pérez, y el partido aprista, la obstrucción ha llegado al límite de señalar que en el Perú se ha producido un “golpe de estado”, y ahora, que se ha emprendido una campaña de persecución política en contra del ex-mandatario, razón por la cual solicita asilo político a la República del Uruguay.
- Respecto del asilo diplomático, la Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático, en su art. III, señala que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales […]”, como ocurre con el ex-manadatario actualmente investigado por el Ministerio Público.
- El ex-presidente García al ingresar a la residencia del embajador solicitando asilo incumple con la orden judicial de impedimento de salida del país, e incurre en el supuesto de peligro de fuga con el propósito de impedir la labor de la justicia. Este hecho amerita que la fiscalía solicite prisión preventiva por peligro de fuga para el ex-presidente García.
En este sentido alertamos a la opinión pública nacional e internacional que en el Perú no hay persecución política, ni se ha producido una ruptura del estado de derecho, como alega el ex-presidente García. Por el contrario, se ha emprendido una lucha frontal contra la corrupción, emprendida por mujeres y hombres que -desde el sistema de justicia- vienen actuando con diligencia, probidad y total respeto al debido proceso.
Consideramos que la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad no solo se debe dar internamente en los países de la región sino a nivel internacional. Por esta razón exhortamos a la República de Uruguay no otorgue el asilo solicitado por el ex-presidente García, por carecer de todo sustento jurídico y político.
Del mismo modo, convocamos a la ciudadanía, sus organizaciones y colectivos, y a las fuerzas democráticas del país ha mantenerse firme y vigilante en apoyo a la justicia, especialmente a las mujeres y hombres, que desde su posición como jueces y fiscales, enfrentan a los grupos de poder y redes de corrupción implicados en el caso LavaJato.
Lima, 18 de noviembre del 2018
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
