Noticias IDECA.- El pasado 28 de diciembre el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), representado por su Director Ejecutivo, Boris Paúl Rodríguez Ferro, presentó ante los Tribunales de Justicia de la ciudad de Puno, una demanda de amparo en contra del titular de la Fiscalía de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, y Luis Alberto Germana Matta, Fiscal Superior, Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, debido a los actos de hostigamiento que se vienen manifestando a través de procedimientos disciplinarios en contra de los fiscales José Domingo Pérez Gómez y Rafael Vela Barba, miembros del Equipo Especial Lava Jato.
Consideramos que cuando se hacen presente distintas acciones, como las que se están sucediendo, en contra de aquellos funcionarios que trabajan en la lucha contra la corrupción en nuestro país, ellas no expresan más que actos de hostilización que indicen y oponen obstáculo a toda la población del Estado peruano, que demanda sobre su derecho a una adecuada administración la garantía de autonomía funcional que por constitución se establece, en favor de los fiscales en su potestad de persecución penal como titulares de la acción pública, en especial para la investigación de los delitos anticorrupción, de los que cabe mencionar los casos Lava Jato y Lava Juez (Cuellos Blancos del Puerto).
Desde el área legal del IDECA Perú, estamos de acuerdo en considerar que los hechos que cuestionamos en la demanda, no sólo afectan la constitución y los tratados, cuando se atenta en contra de la autonomía funcional de fiscales que trabajan por el Estado de Derecho, sino que además nos pone de manifiesto que esta corrupción endémica que azota al Perú desde tiempo, hoy pretende colocarse por encima de la ley, utilizando aparatos de poder y líneas procedimentales, para frustrar este tipo de investigaciones.
Los actos de hostigamiento que demandamos en contra del Fiscal de la Nación y el Fiscal Superior, son precisamente los que interfieren en la “labor funcional de investigación contra la corrupción” de los fiscales José Domingo Pérez Gómez y Rafael Vela Barba, miembros del Equipo Especial Lava Jato. Según las pruebas ofrecidas al poder judicial, las obstaculizaciones se presentan por causa de procedimientos disciplinarios, requerimientos constantes de información y declaraciones públicas, a nivel personal e institucional, que afectan considerablemente el trabajo independiente de un funcionario para que se cumplan los fines constitucionales de seguridad ciudadana y correcta administración que exige el pueblo peruano.
Desde las organizaciones de la sociedad civil, no podemos hacer oídos sordos frente a este tipo de situaciones que permite desde ciertos aparatos de poder, hoy, poner bajo amenaza los cargos públicos de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, esto es, debido a las investigaciones valientes que desde su deber funcional están llevando a cabo en contra de la corrupción. Lo contrario, sería ponernos en contra de la constitución y del Estado democrático y social de derecho.
Desde una perspectiva de derecho el proceso constitucional que se interpone es en defensa de la autonomía funcional del Ministerio Público y su deber de defensa de la legalidad constitucional en representación de la sociedad (arts. 158 y 159 de la constitución), por otro lado, lo que se protege a través de esta demanda, es la independencia de nuestros jueces, el derecho a la justicia, las bases del debido proceso y el deber tutela judicial efectiva (arts. 138 y 139 de la constitución). Consecuentemente, es de advertirse, que estos actos de hostigamiento, vulneran el derecho difuso de una población, que se sujeta al deber de lucha contra la corrupción, el mismo que el Tribunal Constitucional reconoce en la sentencia del expediente N° 00017-2011- AI/TC, así de lucha contra la criminalidad organizada. Además, como ya lo hemos comentado se afecta el fundamento constitucional del Estado de Derecho, contenido de manera expresa en la constitución a la luz de los artículos 38, 43 y 44, que obliga a todo peruano, habitante y funcionario a defender la constitución y los derechos fundamentales. Finalmente se afecta el derecho innominado a la buena administración, de conformidad con la jurisprudencia del TC y en consonancia con el artículo 3 de la Constitución.
Es de conocimiento público, que el Fiscal de la Nación Pedro Chavarry ha removido a fiscales incómodos a su gestión. En efecto, el 12 de octubre pasado, se publicó en el diario oficial El Peruano, la decisión del Fiscal de la Nación Pedro Chávarry por la que cesa en sus funciones a la fiscal adjunta (no titular) Erika Delgado Torres, quien formaba parte del equipo de apoyo del fiscal Pérez Gómez[1]. El portal de periodismo de investigación IDL-Reporteros, sobre esta decisión, señaló lo siguiente: “Chávarry removió hoy a la fiscal que investiga el financiamiento del Apra en el equipo especial Lava Jato”, “la fiscal Erika Delgado se enteró de su remoción cuando dirigía un allanamiento dentro por el caso #CasoCócteles. Ella había interrogado a varios líderes apristas y se preparaba a hacerlo con Alan García”, “Fuentes dignas de crédito sostienen que Chávarry no consultó la medida con ninguno de los fiscales que llevan la investigación Lava Jato”, “Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez estaban fuera de Lima cuando supieron del cambio dispuesto por Chávarry”, “Esto ocurre pocas semanas antes del interrogatorio en Brasil a Jorge Barata, sobre Ala García”[2]. Es por ello, que no se trata de un temor infundado, puesto que el Fiscal de la Nación ha anunciado la posibilidad de removerlo de su puesto al Fiscal José Domingo Pérez. El 7 de noviembre pasado, en la entrevista al Canal Willax TV, el fiscal Chávarry amenazó con destituir al fiscal Pérez Gómez: “si el fiscal Domingo Pérez no cumple con su labor, podría ser removido y hasta ser separado de la institución. Puedo removerlo en cualquier momento si veo que no cumple con su función«[3].
En conclusión, lo que se pretende con esta demanda que ya ha sido presentada en nueve regiones del país, es que el Poder Judicial o en su defecto el Tribunal Constitucional, ordene a los funcionarios demandados, el cese de todo acto de hostigamiento dirigido contra los fiscales Pérez Gómez y Vela Barba, miembros del Equipo Especial Lava Jato, y en tal sentido, se deje sin efecto todos los procedimientos administrativos en su contra que tengan relación con circunstancias vinculadas a las investigaciones contra la corrupción, además de los que sean manifiestamente arbitrarios.
También se pide al juez natural que prohíba a los demandados, efectuar nuevos actos de hostigamiento en contra los fiscales Pérez Gómez y Vela Barba, miembros del Equipo Especial Lava Jato. Finalmente pedimos que se ordene a las autoridades demandadas, adoptar medidas concretas para garantizar la continuidad de la labor que desempeñan los fiscales Pérez Gómez y Vela Barba, miembros del Equipo Especial Lava Jato, en las condiciones óptimas.
De este modo el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas de Perú (IDECA Perú), con el patrocinio legal de su abogado defensor y coordinador de su área legal Pablo Ricardo Abdo, se une a las otras nueve regiones en la defensa de las instituciones, de la democracia y del Estado Constitucional de derecho.
NOTAS:
[1] https://elcomercio.pe/politica/pedro-chavarry-retira-fiscal-equipo-caso-lava-jato-noticia-567320
[2] IDL-Reporteros, del 12 de octubre del 2018 (@IDL_R)
Código: 01895
Autor (es): Raquel Loayza Rios
Nro Páginas: 100
Clima/Metereología/Puno/Agricultura
