La política general presentada por el presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso refleja objetivos positivos para el país, como avanzar hacia la igualdad de oportunidades para todos, generar nuevos motores para el crecimiento sostenible, reducir sustantivamente la pobreza y mejorar la calidad y el acceso universal a los servicios públicos. No se puede estar en contra de estos planteamientos. Sin embargo, el Gobierno se define como uno de continuidad, como una nueva fase del proyecto iniciado hace más de un cuarto de siglo. Bajo esta premisa, su propuesta considera suficiente la modernización del Estado, la eficiencia en la prestación de los servicios y el incremento de las inversiones en los tres niveles de gobierno para hacer realidad el cambio que ofrece al país y, en particular, a las mayorías que viven distintas realidades de exclusión.

Creemos que son aspectos necesarios, pero insuficientes para un cambio de rumbo. Sobre todo, si constatamos la falta de una estrategia de desarrollo y de descentralización y el desencuentro entre los ofrecimientos y la realidad de estancamiento económico, déficit fiscal y ausencia de cambios estructurales en el modelo extractivista que se evidenció tanto en el discurso como en el marco macroeconómico multianual y el presupuesto que el Ejecutivo ha presentado al Congreso.

Incluso si asumimos la discutible hipótesis del Gobierno y de un amplio sector de nuestra clase política, de que es posible hacer la anunciada revolución social solo con reformas institucionales, hay vacíos en ese terreno que hacen aún más difícil lograr los resultados planteados. Resaltamos dos que consideramos centrales: i) la ausencia del enfoque territorial como eje ordenador de un sistema de planeamiento nacional; ii) la falta de un proyecto integral para consolidar la descentralización.

La ausencia del enfoque territorial e intercultural limita el impacto de algunas orientaciones positivas planteadas por el Ejecutivo, como la generación de polos de desarrollo económico, la articulación de las ciudades, la integración de los espacios rurales o la conexión del país en el plano vial y de las telecomunicaciones. Ninguna de ellas es novedosa y la solución no requiere solo una mejor gestión. El problema central está en las visiones sectoriales y parceladas, así como en la apuesta unilateral por la inversión en infraestructura. La propuesta gubernamental persiste en este camino y deja de lado el enfoque territorial e intercultural integrado, sustentado en un efectivo sistema nacional y descentralizado de planificación y ordenamiento territorial.

La falta de una propuesta integral sobre la reforma descentralista a pesar de que uno de los ejes declarados en la nueva política es acercar el Estado a la población, es grave. Los planteamientos al respecto se limitan a una voluntad genérica por fortalecer el proceso y al anuncio de reuniones bimensuales entre el Gabinete y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Los acuerdos entre ambas instancias ofrecen una mayor autonomía de los gobiernos regionales pero se limitan a promover la inversión pública que parece ser el único aspecto que se pretende abordar de una reforma compleja y de claro contenido político.

La política presentada carece de una agenda para afrontar temas críticos de la reforma, que van más allá de la autonomía política de las instancias subnacionales, como la integración regional y la promoción de las mancomunidades, la coordinación intersectorial e intergubernamental, la integración territorial, la descentralización fiscal, la articulación de las ciudades y los espacios rurales en un sistema, o la adecuada asignación de competencias para la gestión descentralizada. Tampoco se a tomado en cuenta el ofrecimiento de campaña de crear un ministerio encargado del proceso. Asistimos a la continuidad de la recentralización iniciada por Alan García y continuada por Ollanta Humala, esa tendencia se refleja en el presupuesto 2017, en el que el Gobierno nacional y el MEF manejarán el 75% de los recursos públicos.

En este contexto, las instituciones que conformamos la Plataforma para el Ordenamiento Territorial consideramos que es imprescindible que el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad organizada promuevan el debate sobre aspectos y procesos que nos parecen de primera importancia. Destacamos los siguientes:

• El fortalecimiento de un sistema nacional y descentralizado de planificación y ordenamiento territorial, con efectiva capacidad para planificar, orientar, monitorear y evaluar la acción concertada de los tres niveles de gobierno.
• Una política nacional de ordenamiento territorial que sustente una efectiva y eficiente gestión sostenible de nuestros territorios, lo que requiere de un marco normativo claro, que recoja la experiencia acumulada en los procesos en curso en las regiones, provincias y distritos del país, así como en algunas comunidades campesinas y nativas o localidades rurales.
• Apoyar y acelerar los procesos de ordenamiento territorial de los diferentes niveles de gobierno, reconociendo su carácter vinculante e integrando los diversos procesos de diagnóstico y planificación comunitaria en los planes de desarrollo y de gestión sostenible de las municipalidades y gobiernos regionales.
• La reorientación y relanzamiento del proceso de descentralización, que requiere una instancia de conducción concertada, una agenda y una hoja de ruta, así como de efectivos sistemas de articulación territorial de los niveles nacional, regional y local.
• Impulsar la integración territorial desde las regiones, promoviendo y generando incentivos para la consolidación de los procesos en curso, como son las mancomunidades del norte, sur, centro y amazónica.

Lima, 14 de setiembre del 2016

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Fuente: Red Muqui.