En los últimos días el país ha asistido al escándalo de cuotas de poder, tráfico de influencias y hechos de corrupción que comprometen al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Corte Suprema de Justicia y la Corte Superior del Callao, se ha revelado así una de las más graves crisis del Sistema de Justicia del país. Frente a estos hechos los colectivos, gremios, instituciones y redes de sociedad civil abajo suscritos, expresamos lo siguiente:

1. En el año 2000, los peruanos y peruanas logramos derrotar la dictadura y a la mafia dirigida por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y compañía, quienes conformaron una red de corrupción en el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y otros, con el fin de someter al Sistema de Justicia a su servicio y no al servicio de las y los ciudadanos. En esta misma situación se encontraban otros organismos, por ejemplo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
2. Desde el año 2015 denunciamos los peligrosos problemas que afectaban al CNM, por esto, el actual partido de gobierno, Peruanos por el Cambio, así como Fuerza Popular (con mayoría en el Congreso) expresaron su compromiso electoral de “corregir” esta situación; sin embargo, ni hicieron nada y los graves problemas continúan.
3. Dieciocho años después de caída la dictadura, la investigación periodística de IDL – Reporteros nos muestra que esta grave situación no se ha superado. Los audios evidencian que los miembros del CNM implicados no tienen límite alguno y han puesto en riesgo la legitimidad de la función pública, usando esta para propósitos delictivos.
4. Por ello demandamos la renuncia o el cese inmediato de todos los miembros del CNM, procediendo luego de una investigación urgente, a sancionar a los culpables y el nombramiento de un nuevo CNM.
5. Con relación al juez supremo Hinostroza Pariachi exigimos su suspensión inmediata, y que sea sometido a investigación por el órgano judicial que corresponde, investigación que debiera concluir con una efectiva y ejemplar sanción.
6. Una situación similar ocurre con la ONPE, donde las serias denuncias contra sus altos funcionarios -por el apoyo indebido a la inscripción de un partido político-, no produjeron una investigación seria, por el contrario, conllevaron a la destitución de las personas que denunciaron esto. El CNM debió tomar cartas en el asunto; sin embargo, no hizo nada con los funcionarios denunciados. Esto, además de evidenciar el impacto de la corrupción en la ONPE, pone en riesgo el proceso electoral de este año.
7. Así también, esta crisis del Sistema de Justicia impacta directamente en el acceso a la justicia de las mujeres y de todas las víctimas de violencia de género. Estas redes de corrupción evidenciadas en los audios han demostrado que se negocian sentencias e impunidad a cambio de favores. Cabe recordar, que el juez Hinostroza fue quién negó la solicitud de transferencia a Lima del caso de Arlette Contreras. Preocupa de sobremanera, que sean la jueza Emperatriz Pérez y el juez supremo César Hinostroza, implicados en esta denuncia,quienes deban pronunciarse en el juicio emblemático de Manta y Vilca sobre violencia sexual en el conflicto armado interno. Por lo que, exigimos una reforma integral del Sistema de Justicia con enfoque de género, que garantice el derecho a la justicia a todas las víctimas de violencia.
8. No es posible aceptar que las mismas instituciones donde se cometen estos atropellos contra la justicia sean quienes se reorganicen bajo una lógica de acción corporativa que protege a sus miembros y sus intereses. Es necesario buscar en el derecho internacional mecanismos que nos apoyen en el acceso a la justicia, así como una verdadera reforma del Sistema de Justicia.
9. Exigimos al Presidente de la República, señor Martín Vizcarra, asumir un rol activo en la lucha contra la corrupción, planteando la ruta de una reforma integral y urgente del Sistema de Justicia avasallado por redes criminales. La convocatoria al Consejo de Estado para ver este tema es sólo un primer paso en esta línea.

Las instituciones que suscribimos alertamos de la gravedad de la crisis del Sistema de Justicia, situación que revela el avance de redes de corrupción y crimen organizado sobre nuestras instituciones y nuestra frágil democracia. La corrupción impacta en la ciudadanía en general, especialmente viola los derechos humanos de las peruanas y peruanos más pobres y en quienes luchan por alcanzar justicia; tal como se aprecia en uno de los audios donde se traficaba impunidad para el violador de una niña de 11 años. Esto no puede continuar más, desde la ciudadanía nos mantendremos vigilantes y movilizados para impedir que las redes del crimen mutilen la justicia, la democracia y nuestro futuro.

Lima, 10 de julio de 2018

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Fuente: CNDH

Fecha: 10 de julio, 2018