Frente a los últimos sucesos en el Valle de Tambo y sobre la resistencia al proyecto minero Tía María, donde el Gobierno actual ha otorgado un permiso de construcción sin licencia social y consulta previa, activando un conflicto donde participan organizaciones de regantes, municipios distritales y provinciales con el apoyo del Gobernador de la Región Arequipa, entre otras manifestaciones convocadas por diferentes organizaciones, comunidades y rondas a nivel del sur del Perú, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú) manifiesta:

1. Es preocupante que el Gobierno peruano continúe otorgando diferentes permisos de construcción a proyectos mineros como el de Tía María, sin respetar derechos y los requisitos mínimos legales como el de la licencia social, consulta previa, vigencia de los estudios de impacto ambiental, además de no informar debidamente a las comunidades originarias sobre los impactos de tales proyectos mineros.
2. Existe una evidente presión de la inversión minera hacia el Estado para acelerar la ejecución de diferentes proyectos. También, se percibe que el Estado tiene preferencia de proteger la inversión minera frente a la conservación del medio ambiente y la protección de los derechos de los pueblos originarios.
3. Las comunidades y los pueblos originarios en general buscan que los proyectos sean fruto del consenso y del dialogo, y no fruto de una imposición autoritaria, vulnerando sus derechos. La población del Valle de Tambo manifestó su rechazo al proyecto minero desde hace más de una década, lo que se expresó mediante varias manifestaciones en defensa de su actividad económica que se centra en la agricultura, principal fuente de ingreso y de empleo de las familias de la provincia de Islay (Arequipa).
4. El paro indefinido convocado por la población del Valle de Tambo, comenzó el 15 de julio, radicalizándose los días 22, 23 y 24 del presente mes. Es lamentable que, frente a estas manifestaciones, el Estado esté haciendo uso de las fuerzas armadas y policiales que cuentan con equipo y armamento especializado, generándose enfrentamientos inequitativos en Chucarapi – Cocachacra, donde se concentra la población de los distritos de la provincia de Islay, registrándose hasta la fecha detenciones arbitrarias y represiones violentas, vulnerando así el legítimo derecho a la protesta.
5. Es preocupante que el Estado no proteja a sus pobladores, sino que, bajo la fachada del tan ansiado desarrollo, venga defendiendo los intereses particulares de la gran minería que beneficia solo a unos cuantos, dejando indefenso y vulnerable a las poblaciones amenazadas por las actividades extractivas que ponen en peligro su cultura, modo de vida, salud, tierra y territorio.
6. Estos acontecimientos también visibilizan el rol de algunos medios de comunicación de alcance nacional que no informan de manera adecuada sobre los conflictos sociales, debido a intereses particulares y políticos y su relación comercial con las empresas mineras.

Desde el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú) instamos al Estado a respetar los derechos de los pueblos originarios en el momento de otorgar concesiones mineras y viabilizar proyectos extractivos, además de revisar si eso se cumplió en los permisos brindados anteriormente. Por otro lado, se debe propiciar un diálogo intercultural y equitativo con la población, agendando formas alternativas al desarrollo e iniciar medidas legislativas (nueva ley de minería, etc.) cuyo fin sea la protección del medio ambiente y de los derechos humanos.

Puno, 25 de julio de 2019