El hogar es el lugar más seguro del mundo. Pero para las mujeres que viven con un familiar violento, este mismo hogar se puede convertir en el lugar más peligroso y oscuro del mundo. (Foto: latinta.com.ar)

NICOLE MARON/IDECA PERÚ

En la segunda parte de nuestro análisis, vamos a dar un panorama de los desafíos que enfrentan las mujeres en los tiempos de confinamiento, con un enfoque principal en la violencia familiar.  

En tiempos de confinamiento, son las mujeres que sustentan la mayor carga de responsabilidad. Con toda la familia en la casa, no sólo tienen que encargarse de la alimentación y del cuidado de todos sus miembros, sino muchas veces también asumen el rol de coeducadoras, apoyando a sus hijos e hijas con sus clases virtuales y tareas. Además, el 72.8% de las personas que trabajan en el sector de salud son mujeres. En tiempos de pandemia, ellas tienen una gran responsabilidad y están mucho más expuestas al contagio con Covid-19. Pero lo más grave es el aumento de la violencia familiar que se pudo observar desde el inicio del confinamiento.

«Las últimas semanas han sido un tiempo de miedo» 

Para evitar contagiarse con el Coronavirus, el hogar es el lugar más seguro del mundo. Pero para las mujeres, niños, niñas y adolescentes que viven con una pareja o un familiar violento, este mismo hogar se puede convertir en el lugar más peligroso y oscuro del mundo, en una cárcel de la cual no hay escape. La ONU Mujeres alerta de que, en este contexto de emergencia, los riesgos de violencia doméstica y del aislamiento de las mujeres suben, debido al aumento de las tensiones en el hogar. «El encierro y todas las preocupaciones por la situación actual están causando un efecto psicológico a las personas», señala la antropóloga Yuly del Pilar Quispe Cusacani, activista feminista aymara, fundadora y presidenta del colectivo feminista Awqa Warmi y miembro de varias redes y plataformas de mujeres a nivel local, nacional e internacional. «En algunos casos, los varones no encuentran otra forma de manejar esta sensación de impotencia, que desfogarse en la mujer, muchas veces golpeándola, a veces obligándola a tener relaciones sexuales», dice Yuly. Por otro lado, Maritza Mendoza, abogada en la organización feminista Movimiento Manuela Ramos de Puno, desde las conversaciones que tenía durante la cuarentena, confirma lo mismo: «Para muchas mujeres, las últimas semanas han sido un tiempo de miedo y de preocupación. Una mujer de Azángaro víctima de violencia me decía: Cada vez que mi esposo se fue a trabajar a un lugar lejano, yo era la mujer más feliz del mundo. Pero ahora con la cuarentena se queda en casa, y siempre estoy con esta angustia que me pegue, que me viole. Además me afecta mucho la violencia psicológica, su indiferencia nos mata. La convivencia en tiempos de cuarentena se ha convertido en una situación muy incómoda y estresante».

Según el Observatorio del Ministerio Público, se detuvo a 7066 personas por agresiones y delitos en contra de mujeres o integrantes del grupo familiar entre el 16 de marzo y el 31 de mayo, a nivel nacional. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que entre el 16 de marzo y el 15 de junio, se han recibido más de 39000 llamadas por casos de violencia de género en la línea 100, un servicio del mismo ministerio donde personas afectadas pueden acudir de manera gratuita desde cualquier teléfono fijo, celular o público, para recibir acompañamiento y apoyo de personal profesional. El número de consultas a la línea 100 ha aumentado en un 40% a comparación con el mismo período del año anterior. Además se han registrado más de 1000 mujeres desaparecidas, 25 tentativas de feminicidio y 21 feminicidios hasta el 5 de junio, lo que significa una mujer asesinada cada 48 horas. En el departamento de Puno, los equipos itinerantes de urgencia del programa Aurora del MIMP, han atendido a 110 personas y el Servicio de Atención Urgente (SAU) a 53 personas afectadas por hecho de violencia familiar, entre el 16 de marzo y el 9 de mayo.

No llegan denuncias de distritos alejados

Mientras las estadísticas muestran un aumento significativo de violencia familiar, la cifra oscura debe ser mucho más alto aún, debido a las dificultades que se presentan para las mujeres que quieren buscar ayuda o presentar una denuncia en tiempos de cuarentena, las más básicas de ellas siendo la falta de transporte y el cierre de las oficinas de las instancias públicas competentes. Esto también nos ha confirmado el Centro Emergencia Mujer (CEM) de la provincia de Chucuito, Puno. En las nueve primeras semanas del año, ha recibido 49 denuncias por violencia familiar, mientras que en las nueve primeras semanas de la cuarentena solamente 8, de los cuales  3 eran en Pomata y 5 en Juli. De los distritos más lejanos no había llegado ninguna denuncia. «La falta de atención en distritos o comunidades alejadas es un problema grande», resalta Maritza Mendoza. Además, «Por ejemplo, las medidas de protección durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, como las establece el Decreto Legislativo 1470, pueden funcionar bien en zonas urbanas, pero no llega más allá», afirma la especialista. Este Decreto obliga al sistema de justicia de dictar medidas de protección en 24 horas, por ejemplo que se le dé a la víctima acogida en un hogar de refugio o que se prohíba al agresor de acercarse a la víctima. Pero hacer seguimiento y monitoreo a eso, requiere la disponibilidad de personal. «Si ya era difícil atender a todos los casos de violencia familiar antes de la pandemia, me atrevo a decir de que ahora, con tantos policías y miembros del ejército ocupados en las calles, no se logra proporcionar protección a las víctimas de violencia como lo establece la norma», dice Maritza. En Puno, a base de una propuesta presentada por la Regidora Yanina Arias Huaco, se ha previsto la implementación de un refugio en el terminal terrestre, para acoger a víctimas de violencia en tiempos de pandemia.

Falta de medidas adecuadas para atender a las víctimas

Las instancias estatales a nivel regional y nacional están reforzando sus capacidades e herramientas para recibir denuncias y apoyar a mujeres en situación de violencia. Entre otros, han aumentado el número de personas que atienden a la línea 100, y la Corte Superior de Justicia de Lima ha habilitado el número de WhatsApp 970807304, al cual se pueden mandar videos, imágenes, audios o documentos, así como el correo electrónico juzgfamilialima@pj.gob.pe para recibir denuncias, igual que solicitudes de medidas de protección o cautelares. Las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer cuentan con la línea gratuita 0800-00205 para recibir denuncias. Aún si estos servicios están centralizados, en cada caso se reenvía cualquier denuncia a la instancia regional que corresponde, sea un Centro Emergencia de la Mujer (CEM) o el Servicio de Atención Urgente (SAU), cuya finalidad es brindar atención inmediata, eficaz y oportuna en casos urgentes.

Pero en la realidad se ve que estas medidas muchas veces no logran brindar apoyo eficiente y adecuado. Yuly del Pilar destaca: «Los y las profesionales que atienden en la línea 100 y en otras instancias, no siempre están bien preparados, por ejemplo para hacer seguimiento a los casos. Generalmente no tienen suficientes abogadas y psicólogas para llevar los casos, y peor en la situación actual». Ella misma ha llamado a la línea 100 por diferentes casos que se han presentado de mujeres que han acudido al Awqa Warmi o Ni Una Menos, entre otros uno en Ilave y uno en San Román, y no ha recibido la atención adecuada. «Hay varios casos que solamente he podido sacar a la luz porque estoy bien conectada y tengo contactos en el Ministerio de la Mujer. Entonces, si yo tengo que presionar tanto para lograr algo, ¿cómo lo va a lograr una hermana del campo que muchas veces ni siquiera tiene celular? Eso me preocupa mucho», dice Yuly. Maritza Mendoza tiene las mismas experiencias: «Mucha veces cuando llamo a la línea 100, tengo que insistir mucho para que se preste atención inmediata. En algunos casos me han dicho que van a mandar un equipo para atender a las víctimas cuando se levante el estado de emergencia. Entonces siento una gran impotencia, porque llevo el dolor con ellas». Por otro lado, mujeres que tratan de acudir a la policía de manera personal están enfrentadas con la misma problemática, que muchas veces no pueden poner su denuncia. «He acompañado a una mujer que caminó varias horas desde su comunidad para llegar a la comisaría y poner su denuncia», cuenta Maritza Mendoza. «La respuesta fue que no podrán atenderla porque no es un caso de flagrancia, y que sería mejor si puede resolver el problema con su esposo. Hay que imaginarse este tratamiento, tomando en cuenta que la mujer dejó solos a sus niños sin saber si el violador regresará a la casa en este tiempo», enfatiza la especialista del Movimiento Manuela Ramos.

Se culpa a las mujeres por ser violadas

«Lamentablemente, la forma y las estrategias muchas veces no están acorde a las realidades que cada región y cada población tiene», señala Yuly del Pilar. Muchas mujeres del área rural son monolingües y no manejan bien el castellano, pero no hay personal especializado que brinde atención en quechua o aymara. Para atender a las mujeres afectadas de manera adecuada, habría que buscar medidas más diferenciadas y apropiadas. «Normalmente se está siguiendo protocolos estándar y no se toma en cuenta la situación personal de las mujeres que obviamente se encuentran en situaciones muy delicadas. Y ahora con la pandemia es mucho peor, porque todo se hace por virtual. Hay que tomar en cuenta que para una persona en situación de violencia, hace una diferencia enorme ser atendida personal o individualmente», resalta Yuli. Todo eso resulta en el lamentable hecho de que muchas mujeres se abstienen de buscar apoyo o de presentar denuncias. Especialmente porque en las instancias públicas no son tratadas de manera adecuada. «Las que logran llegar a una comisaría para hacer su denuncia, en muchos casos se ven confrontadas con policías que no están preparados para recibirlas de forma adecuada. Cuestionan a las mujeres, las denigran, y les echan la culpa por ser violadas. O sea, las mujeres están saliendo de un espacio violento y llegan a un espacio donde supuestamente les van a tratar bien, e igual les tratan mal», añade la activista feminista. Maritza Mendoza conoce muchos casos parecidos: «Una compañera en una ocasión fue al CEM en Puno porque fue víctima de violencia desde el día que se juntó con su pareja. El único abogado presente la tuvo esperando en la oficina desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, mientras el miraba un partido de futbol. Después le dijo que, como no era un caso tan grave, recién se podrá atenderla y recibir su denuncia el día lunes y que lo piense bien, porque no es fácil denunciar. Por otro lado, algunas autoridades como los tenientes en las comunidades tampoco responden inmediatamente a las denuncias de las mujeres, muy por el contrario, llaman a los agresores, alertándolos y poniendo a las víctimas en una situación de alto riesgo».

«Nos ponemos en riesgo por defender las vidas de nuestras hermanas»

Queda la pregunta crucial, ¿qué puede hacer una víctima de violencia para buscar ayuda en tiempos de cuarentena y emergencia sanitaria? «Como los servicios están funcionando con mucha dificultad, recibimos llamadas de mujeres víctimas de violencia cada día», dice Maritza Mendoza. «Estamos asesorándoles y acompañándoles, incluso a poner sus denuncias. También hemos estado coordinando con las instancias estatales para trasladar a mujeres a lugares donde tienen familiares, en el caso de que tienen que salir de sus casas de manera urgente», dice Maritza. Organizaciones y colectivos como el Movimiento Manuela Ramos, Awqa Warmi o Ni Una Menos hacen todo lo posible para apoyar y acompañar a las mujeres afectadas, pero su alcance está limitado. «Lamentablemente son iniciativas de activistas que trabajamos ad honorem y no disponemos de ningún presupuesto», dice Yuly del Pilar. «Por eso a veces es difícil atender a todos los casos. Lo que sí hacemos es hacer los casos públicos en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales. Eso, prácticamente, es la única forma de presionar a las instancias oficiales para que se pongan pilas», finaliza la activista feminista. Pero todo tiene su costo, y el compromiso de mujeres para apoyar y defender a otras víctimas de violencia, muchas veces resulta en un peligro personal constante. Pues, muchas defensoras son coaccionadas, amedrentadas y chantajeadas, por defender y acompañar a las mujeres víctimas de violencia.

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*Nicole Maron es una periodista y escritora suiza con enfoque en temáticas medio-ambientales y sociopolíticos como migración, (in)justicia global, descolonización y derechos humanos. Forma parte del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.