Oscar Mollohuanca, ex-alcalde de Espinar, junto con otros líderes sociales, está sufriendo consecuencias legales por defender el medio ambiente y la salud de la población afectada por la minería.
La minería es uno de los sectores económicos más importantes del Perú. En agosto del 2019, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que la actividad minera alcanzó casi el 60% del valor total de las exportaciones peruanas en los últimos 10 años. Además, el 20% de lo recaudado por el impuesto a la renta provino de las empresas mineras. La provincia de Espinar (Cusco) es una de las zonas en donde la actividad minera ya lleva varias décadas, desde los años ochenta. Hasta ahora, más del 40% del territorio está concesionado, y proviene de ahí el 50% de toda la producción mundial de cobre, generando ganancias enormes para la empresa suiza Glencore que maneja las minas en Espinar, y el Estado peruano. Los que pagan el costo del supuesto desarrollo, son los y las habitantes de las 13 comunidades que viven alrededor de la minera: Aparte de los conflictos por el territorio y la criminalización de las protestas, la población de Espinar está sufriendo problemas serios de salud. Los dos ríos que pasan por la zona y de los cuales las comunidades se abastecen de agua, muestran un nivel elevado de contaminación que también afecta los animales que toman esta agua, y a la calidad de su leche. Dos estudios realizados por el Estado en los años 2011 y 2013 confirmaron claramente que en las comunidades del entorno de la mina Tintaya hubo por lo menos 800 personas con niveles de hasta 17 diferentes metales pesados que sobrepasaron los rangos permitidos en el cuerpo humano. Como consecuencia, muchos habitantes de la zona sufren de enfermedades del corazón, de los riñones, del hígado y del sistema nervioso central, entre otros. En el 2013, Espinar era la provincia con mayor riesgo de mortalidad neonatal a nivel nacional, y las causas principales de mortalidad de niños y niñas eran enfermedades cerebrovasculares, cirrosis, enfermedades crónicas del hígado e insuficiencia renal. De 764 mujeres evaluadas en el 2007, 444 presentaban anemia, y la desnutrición crónica afectaba al 42% de la población.
Por esta situación desesperada, la población de Espinar ha salido a protestar en varias ocasiones en los últimos 35 años. El Estado ha reaccionado con la criminalización de estas protestas, difamando a sus integrantes como terroristas que se oponen al desarrollo. Pero de hecho, las comunidades afectadas nunca han podido aprovechar el supuesto desarrollo, sino han sido marginalizadas y dejadas con un mínimo de infraestructura. Solo un 20 % de la población tiene acceso al sistema de desagüe, y el 65 % está clasificado como pobre.
Oscar Mollohuanca, ex-alcalde de Espinar, ha sido parte de la lucha por Espinar desde hace muchos años, y fue denunciado en el marco de las protestas del 2012. En esta entrevista con IDECA, recapitula la situación actual y aclara el contexto político detrás de la problemática extractivista.
¿Cómo se presenta la situación actual en Espinar?
A raíz de una huelga indefinida que empezó el 15 de julio, la provincia de Espinar está en una situación bastante delicada, también por el Coronavirus, porque el hecho de haberse puesto de pie, de haber luchado contra la empresa minera y el gobierno nos ha expuesto al riesgo de contagio, por la aglomeración de personas en las movilizaciones. La protesta actual ya es el sexto levantamiento social en los últimos 35 años, y eso tiene consecuencias graves en cuanto a la violación de derechos humanos por parte del Estado. El día 22 de julio, los agentes policiales han disparado a jóvenes espinarenses que han sido capturados a un kilómetro de la ciudad, cuando retornaban a sus casas. En este momento, no se estaba dando ninguna marcha, ninguna protesta, pero fueron interceptados y torturados. Eso implica una agresión real a los derechos humanos mínimos que uno tiene. Entonces, este tema también se ha incorporado en la agenda de la Mesa de Diálogo, para que se abra una investigación real.
¿Cuáles son las consecuencias más graves de la actividad minera para la población de Espinar?
Ya convivimos con la minería hace 35 años, y ha sido una convivencia conflictiva, de abuso, de atropellos, frente a los cuales la población de Espinar tampoco se quedó callada, sino que salió a protestar. Uno de los levantamientos se produjo en el 2012, cuando yo estuve de alcalde. Yo he sido parte de la lucha, y eso me costó cárcel, me costó procesos judiciales, y estuve encarcelado en Ica. El proceso contra mí y dos personas más continúa hasta ahora, y recién estamos por concluir el juicio oral en primer instancia. No sabemos si saldremos condenados o absueltos. Iremos defendiéndonos con la verdad, pero nada nos garantiza que salgamos condenados por veinte años de prisión y 5 millones de Soles de reparación civil, mientras los policias que mataron a tres jóvenes ciudadanos de Espinar en 2012, no están enfrentando ningún proceso jurídico. No hay ninguna investigación en marcha, todo se ha archivado.
¿Entonces, de alguna manera el Estado está protegiendo a la empresa?
Obviamente, en función a la política general que tiene nuestro gobierno de respaldar y apoyar a las inversiones, sostener la economía del país en función a la actividad minera, dejando a otro lado la actividad milenaria de nuestro país que es la agricultura. Para eso, tienen que ocultar muchas verdades y tienen que ser aliados de las empresas, cuando el mandato constitucional de los gobiernos es más al contrario velar el bienestar, la integridad y los derechos de sus ciudadanos. Pero eso no ocurre aquí.
¿Y esta situación no ha cambiado bajo los diferentes gobiernos en las últimas décadas?
Supuestamente hemos elegido gobiernos que podrían defender nuestros derechos, pero al final nos traicionaron. Nos traicionó Alejandro Toledo, que entró con un discurso de defensa de los pueblos originarios, pero no lo hizo. Nos traicionó Ollanta Humala, que dijo que hay que defender el agua antes que el oro, pero volteó su conducta y se puso a defender las empresas mineras; se puso a reprimir, a matar a nuestros ciudadanos, a fin de que estas empresas sigan operando y cometiendo las atrocidades que tienen bajo su cargo como pasivo en su consciencia.
¿Qué esperanzas tienen de que la situación en Espinar se va a mejorar con los acuerdos que se ha negociado en las Mesas de Diálogo?
Lamentablemente todos los levantamientos siempre terminan en estas Mesas de Diálogo, pero tenemos poca esperanza que pueda haber resultados satisfactorios. Previsiblemente va a haber un entrampamiento, una estrategia de dilación por parte de la empresa y del gobierno. Además, de ahora a 8 meses viene otro gobierno, y estos cambios generalmente debilitan los procesos, porque se están dejando estas agendas. De parte de la empresa, mientras no haya un cambio real de políticas, no tenemos mayor esperanza; seguirán con sus mentiras, con sus campañas internacionales que dicen de que se está trabajando con responsabilidad empresarial, con una relación harmónica con las comunidades, con cero contaminación. Pero todo eso es falso. Entonces, en realidad no tenemos mucha expectativa, porque solo un cambio de sistema o un presidente que realmente se ponga a favor de nuestros pueblos podrían darnos esperanza. Mientras tanto, lastimosamente, nuestros problemas van a ser relegados a segundo o tercer plano y no serán atendidos como se debería.
¿Pero ustedes. igual siguen luchando.
La lucha de nuestro pueblo contra las empresas mineras y contra los gobiernos abusivos será permanente. Lo poco que hemos logrado es gracias a la lucha, por ejemplo el Convenio Marco que hemos firmado en los años 2001 y 2003, que de alguna manera implica un beneficio social y ambiental frente a la exfoliación de nuestra riqueza y al vacío legal en este territorio, aunque los acuerdos sólo se cumplen parcialmente.
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Código: 01895
Autor (es): Raquel Loayza Rios
Nro Páginas: 100
Clima/Metereología/Puno/Agricultura
