La criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de la extracción de recursos naturales y de megaproyectos se ha convertido en un fenómeno muy preocupante en América Latina, denunció hoy el Observatorio en Mexico durante la presentación de su último informe titulado “La criminalización de defensores de derechos humanos en contextos de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina”. El documento da también cuenta del rol de las empresas, funcionarios públicos, fiscales, jueces, poderes del Estado entre otros, en este fenómeno.

El informe toma como referencia casos concretos de defensores de derechos humanos criminalizados en ocho países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú).

“Criminalizar y hostigar a quienes defienden los derechos humanos y los derechos a la tierra se está convirtiendo en una conducta recurrente en América Latina. No se trata de un fenómeno aislado, por lo que resulta fundamental que los jueces y fiscales de América Latina no sean cómplices de la indebida criminalización de defensores de derechos humanos” señaló el Observatorio.

El informe destaca en particular dos ejes comunes a todos los países investigados:

Primero, es en el contexto de la extracción de recursos naturales y de mega proyectos en que aparecen con más virulencia los casos de criminalización a defensores. En los casos documentados, éstos defienden derechos relacionados a la tierra y al territorio ya grupos vulnerables, como comunidades indígenas, afro, rurales o campesinas. También tienen un papel clave en visibilizar las violaciones de derechos relacionados a la cuestión de la propiedad, la explotación de la tierra y sus recursos, el medio ambiente, el derecho al agua, los derechos laborales, entre otros. En los casos de Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú descritos en el informe, el uso indebido del derecho penal para criminalizar a los líderes y dirigentes comunitarios contribuyó a la desestructuración de sus movimientos.

Segundo, el informe subraya el rol clave de las empresas y del poder judicial en la criminalización de los defensores. Esto a pesar de la obligación que tienen de respetar los derechos humanos y la legitimidad de la protesta social pacífica. Son las empresas quienes en casi todos los casos inician los procesos penales contra defensores, solicitando la aplicación de leyes de excepción, como por ejemplo leyes antiterroristas.

El informe denuncia igualmente la falta de independencia y de imparcialidad de la justicia y su  determinante impacto en el fenómeno de la criminalización de defensores, y en particular, la actividad del Ministerio Público que lidera la acción penal y que además de decidir criminalizar indebidamente, en la mayoría de los ejemplos presentados en el informe, solicita la prisión preventiva y en muchos casos se empeña en perseguir penalmente una, dos y más veces a los defensores. Esto es extremadamente grave en la medida que se violan las garantías mínimas del debido proceso, así como el derecho a la libertad personal. Asimismo, si bien los jueces no siempre condenan a los defensores y defensoras, casi sistemáticamente acceden a las solicitudes de medidas cautelares tales como la detención preventiva.

El Observatorio insta a los poderes judiciales de los países mencionados a no ser cómplices de la indebida criminalización a defensores de derechos humanos y a iniciar una reflexión en el seno de su sistema judicial sobre la necesidad de impartir justicia, respetando la igualdad ente las partes sin privilegiar los intereses de poderes políticos y económicos.

El informe está disponible aquí:

Observatorio: Informe criminalización en América Latina 2016 (653.77 kB)

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la FIDH y la OMCT y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Organizaciones que participaron en la realización del Informe:

FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

Justicia Global – Brasil

CAJAR – Colombia

INREDH – Ecuador

CEDHU – Ecuador

UDEFEGUA – Guatemala

COFADEH – Honduras

COPINH – Honduras

CMDPDH – México

CENIDH – Nicaragua

APRODEH – Perú

Fuente: www.cedhu.org.

Fecha: 23 de febrero, 2016.