Al final de una década (2004-2014) de grandes ganancias para el sector extractivo “el Estado pudo haber capturado más renta, pero el gravamen minero aprobado en 2011 resultó tardío para lograr dicho objetivo”, expresó el economista Gustavo Ávila, investigador principal del Grupo Propuesta Ciudadana.

Ávila expresó que las transferencias de canon beneficiaron principalmente a las zonas productoras –casi la mitad de los recursos se ubicaron en Cusco, Áncash y Piura, al interior de las cuales se generó inequidades. Frente a esta situación el MEF generó mecanismos de compensación, pero estos fueron poco transparentes y discrecionales.

El Economista Epifanio Baca, Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana añadió que con el argumento que los gobiernos descentralizados son ineficientes en el gasto el MEF tomo medidas tendientes a la privatización del gasto público, a través de Alianzas Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI). “De un total de 1,550.3 millones de soles comprometidos, cinco empresas mineras: Southern, Antamina, Volcan, Barrick y Goldfields concentran el 72%. Este mecanismo se vuelve más riesgoso aún si no va acompañado de acciones de control y supervisión”.

Otro problema identificado por Baca es la entrega automática y acelerada de las concesiones, lo que se torna insostenible y aumenta la conflictividad. “Se ha producido un crecimiento acelerado de las concesiones mineras, especialmente en la sierra y selva. Entre 1992 y 2014 el número de concesiones se multiplico por ocho, mientras que la superficie (hectárea) entregada lo hizo por once”.

¿Qué dicen otros especialistas?

Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad discrepa con la posibilidad de ampliar la captura de la renta extractiva, debido a que esto puede desincentivar la inversión. Ante la dificultad de redistribuir el canon plantea el diseño de un sistema de transferencias intergubernamentales que tome en cuenta costos, capacidad fiscal y necesidad de gasto. Recalca además que “la prioridad del canon deben ser las zonas rurales donde hay mayor desigualdad”. Debido a la ausencia de una cultura de evaluación en el país también sugiere medir la eficiencia en el gasto.

Carlos Monge, Coordinador Regional de Natural Resource Governance Institute sugiere revisar los costos de producción y los precios de transferencia porque se exporta a bajo costo y afuera se vende a precio real, y eso no es considerado en el pago de impuestos. “Esto debe ser monitoreado”, expresa.

Humberto Campodónico añade que “los recursos naturales son del país y no es justo que no se recupere cuando hay sobreganancias”. Aseguró que “no avizora cambios sustanciales que evidencien una diversificación productiva y más bien se mantiene el patrón de producción”, por ello, propone enfocarnos en un tema mayor, el impacto de las políticas públicas.

Algunos desafíos

“Entregar la renta solo a los territorios productores ha sido un error más allá de las diversas performances”, afirma Baca. Por otro lado, propone “arribar a una estructura tributaria más equitativa en el marco de una reforma más amplia que este acompañada por la descentralización fiscal”.

En vista que el actual esquema de entrega automática de concesiones, genera conflictos y efectos caóticos en el territorio plantea su revisión inmediata, en el marco de un proceso de ordenamiento territorial y de planificación en el uso del territorio.

Para el tema de Obras por Impuestos afirma que estas deben ser temporales y contar con los debidos controles, además de exigir a las empresas que mencionen que “son recursos públicos y no parte de su responsabilidad social”.

Descarga el Reporte Nacional 19 sobre Vigilancia de las Industrias Extractivas: http://bit.ly/1QMnT6T

Descarga el resumen: “Al Final de una década de boom, ¿qué le dejó la minería al Perú? Balance 2004-2014: http://bit.ly/1kKIHS1

Fuente / Foto / cuadros estadísticos : Propuesta Ciudadana.