Por: Paulina Acevedo M.
En la ciudad de Lima, Perú, se [desarrolló el] Seminario Internacional “Tratados de Inversión, Megaproyectos e impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas”, un encuentro sin precedentes que en dos intensas jornadas [reunió] a representantes indígenas y de sociedad civil de países de América Latina, África, Asia y Oceanía; y que [contó] con las exposiciones de la Relatora Especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz; el Relator Especial sobre Residuos Tóxicos, Bastuk Tuncak, también de Naciones Unidas; y del comisionado y Relator sobre los Derechos de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, y el miembro de la Comisión Africana de Derechos Humanos (CADH), Melako Tegegn.
En la apertura, el presidente de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Henderson Rengifo, destacó que “los acuerdos de inversión atentan de manera grave en los derechos de los pueblos indígenas, y en el caso del Perú, esto es evidente en la presión sobre las tierras indígenas en la selva peruana”, siendo preocupante que en el contexto electoral actual “ninguno de los candidatos tenga un planteamiento claro frente al TPP, y que ni siquiera hayan mencionado los derechos de pueblos indígenas”.
Por su parte Gladis Vila, de la Organización Nacional de Mujeres Andinas Amazónicas del Perú (ONAMIAP), enfatizó los impactos “al interior de las comunidades, sobre nuestras semillas, y formas de vida. Cada día estamos en mayor vulnerabilidad, de nuestros derechos individuales y también colectivos, por lo que hago un llamado a desarrollar acciones coordinadas contra esta amenaza global y a la Relatora solicite que visibilice internacionalmente estas afectaciones”.
Para Alejandro Parellada, del Grupo de Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), “el avance de estos tratados es cada vez más alarmante, por lo que entendemos este espacio de debate, así como de articulación de agendas en torno a las industrias extractivas y los tratados de libre comercio y de inversión. También será fundamental revisar los informes específicos que han evacuado la Comisión Interamericana y la Comisión Africana de derechos humanos sobre los TLC, y conocer experiencias directas de los impactos en distintos países, que servirán de insumo para el trabajo de las relatorías de Naciones Unidas que nos acompañan”.
Principales preocupaciones de las relatorías ONU
Durante su intervención, la relatora Victoria Tauli-Corpuz destacó que desde la década de los 90 existe un crecimiento exponencial de estos acuerdos, y que hoy son más de 3.000 los que existen a nivel mundial. “El tipo de desarrollo de gran parte de los gobiernos, es la obsesión por tener inversiones directas y los acuerdos comerciales son el mecanismo, vender los recursos del país para atraer estas inversiones, lo que genera un impacto directo a los pueblos indígenas, sus tierras y territorios”, afirmó.
Tauli-Corpuz se refirió también a los “aspectos comunes presentes en estos tratados, como las cláusulas de estabilización para evitar modificaciones a los acuerdos establecidos ante cambios de gobiernos. Hoy existen 608 procesos legales, la mayoría por parte de Estados Unidos, en contra de países suscriptores por cambios en aspectos contemplados”, interviniendo así, agregó “en aspectos normativos y leyes de los estados y decidiendo dónde se van a dar este tipo de inversiones. Deberíamos aprender de lo que ya hemos visto en el caso de otros tratados, NAFTA o CAFTA”.
Preocupa también a la relatora, los efectos de los tribunales que establecen los tratados para la soluciones de controversia, en la inacción de los estados para proteger derechos. “Si un gobierno intenta paralizar un proyecto, para responder a las demandas indígenas frente a los daños provocados por inversiones en sus territorios ancestrales, los propios estados pueden ser objeto de estos juicios y por lo tanto restarse de adoptar medidas. Pues los costos económicos y pagos a los que son condenados los estados por contrariar estos acuerdos, pesan más que los costos de violar los derechos humanos, que son graves, pero no se paga.”, argumentó.
Resaltó a su vez que “se debe mirar de forma mucho más profundo estos acuerdos y la posibilidad de influir sobre los gobiernos establecer formas más democráticas en la formulación de estos acuerdos, ver cómo hacer frente al carácter secreto con que son negociados, fortalecer a nuestras comunidades para que su voz sea mejormente escuchada, e informar ampliamente y de mejor manera sobre los derechos que están siendo afectados, como el derecho a la vida y a la autodeterminación de los pueblos indígenas, eclipsados por estos acuerdos”.
Al respecto, la relatora habló de la importancia de contar con información de primera fuente de los daños de estos tratados en los territorios indígenas, que es el objetivo de la primera de la consulta regional de las que proyecta para reunir estas evidencias. “Hoy sabemos cuáles son los impactos de estos acuerdos, pero hay que ser más efectivos en mostrar las pruebas de ello, los pagos y la corrupción que rodea también a estas inversiones. Es fundamental contar con información directa de las comunidades de pueblos indígenas afectados, pues ellos son los que reciben de forma grave sus efectos. Hoy muchos representantes son perseguidos e incluso asesinados cuando ejercen su protesta por la imposición de los proyectos que promueven estos acuerdos.
“Me siento muy preocupada por esta situación e inversiones, hay que pensar de manera más profunda si queremos este tipo de inversiones y si las aceptamos, cuáles son las reglas para evitar la destrucción ambiental y la sostenibilidad de los territorios. Depende de nosotros presentar alternativas para el tipo de planes de vida con los cuales queremos operar, si lo que se quiere es cambiar la situación y la desigualdad e injusticia que continua haciendo daño.
Por lo mismo, la relatora planteó la necesidad de que “los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos deberían ser incluidos de una manera más significativa en las cláusulas de los acuerdos que se negocian y suscriben. Exigir a las empresas y corporaciones a adherir a estos lineamientos, e instar a los estados a implementarlos con un carácter vinculante en las políticas de los gobiernos”, finalizó.
En el caso del Relator Especial ONU sobre Desechos Tóxicos, Baskut Tuncak, este abrió su presentación (denominada “¿Toxic partnerships?”) poniendo énfasis en la existencia de químicos tóxicos de distintas fuentes producto del comercio internacional y de los procesos productivos asociados a las industrias extractivas. “Antes de salir del vientre materno, las personas ya están expuestas a más de 100 sustancias tóxicas, presentes en la sangre, la leche materna e incluso en el cordón umbilical, que han aumentado enfermedades como el cáncer e infertilidad”.
Agregó a su vez que “la contaminación de alimentos, del agua, del aire y del suelo debido a estos procesos de industrialización, atentan gravemente contra el derecho a la vida, a la salud, al agua saneada, a la vivienda apropiada, entre tantos otros efectos que los acuerdos comerciales agudizan y profundizan. Como lo proyectó un estudio del Programa de las naciones Unidas para el Medio Ambiente para el periodo 2012-2020, verificando que los impactos de los riesgos asociados a este comercio aumentarán exponencialmente en las próximas décadas, producto de las actividades extractivas (UNEP 2012)”.
“Tanto TPP como TTIP, en Europa, son acuerdos del siglo XXI que van a eliminar obstáculos al comercio, pero que abrirán paso a efectos gravísimos para la población” aseguró. Lo anterior, debido a que estos acuerdos contemplan mecanismos de protección para las inversiones, que sujetan a los estados a la solución de controversias “donde la mayor parte de los casos tienen como común denominador los efectos que producen estos tóxicos: industria química, extractiva, polución industrial, desecho tóxicos, tabaco, entre otros”.
Foro Público
El encuentro concluye con un foro público, puesto que uno de los objetivos del encuentro es avanzar en la formulación de propuestas de articulación y una agenda de trabajo para enfrentar la irrupción de estos acuerdos comerciales en la región, en particular el Acuerdo Transpacífico, conocido por sus siglas en inglés como TPP, y suscrito el pasado 04 de febrero por los 12 países que le componen (México, Chile y Perú, en el caso de América Latina). Quedando ahora a la espera de su tramitación por parte de los respectivos congresos nacionales para su entrada en vigencia.
Así mismo, definir una estrategia para hacer exigible el derecho a consulta previa del TPP, contemplado en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, el cual se encuentra ratificado y vigente en México, Chile y Perú. Sin embargo, ninguno de los gobiernos contempla su implementación, y en el caso de Chile, el estado incluso la ha descartado.
_______
Código: 01895
Autor (es): Raquel Loayza Rios
Nro Páginas: 100
Clima/Metereología/Puno/Agricultura
