Foto: Diario la República 

RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional, para manifestar lo siguiente:

Mostramos nuestra preocupación por la denuncia penal presentada por el Ministerio de Salud (MINSA) del Perú, en contra de Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal, aliado de RED MUQUI, y que forma parte de las instituciones con las que coordinamos conjuntamente diversas acciones legales en defensa de los derechos de comunidades y poblaciones afectadas por las industrias extractivas, especialmente la actividad minera.

El supuesto delito de Ruiz, según el MINSA, habría sido el haber hecho público el certificado de necropsia de la señora Margarita Cahuana, en el que se evidencia una intoxicación por presencia de metales pesados (por arsénico y cadmio), en la zona de las unidades de producción minera Tintaya – Antapaccay de Espinar, Cusco, donde la empresa (Antes Xstrata)  Glencore ha tenido la titularidad del proyecto minero.

Lamentablemente la denuncia de Ruiz no es una novedad. Existen estudios (CENSOPAS) que desde el año 2010 establecen la presencia de metales pesados por encima de los estándares establecidos  por la ley peruana (D.S. Nro. 002-2008 MINAM Estándares de calidad Nacionales para el agua) en miembros de las Comunidades Campesinas locales. Además de ello un segundo informe del CENSOPAS realizado el 2012 confirma presencia de metales pesados en estas personas.

Así mismo las autoridades ambientales como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a la fecha no han establecido responsabilidades respecto de los agentes que han generado la contaminación para evitar que esta continúe, o se remedie sus impactos.

Esta inacción del Estado en materia de atención de salud, y la responsabilidad que le compete, estaría buscando no ser asumida presionando desde diversas instancias para que se cambien en su momento los resultados de la citada necropsia de la señora Cahuana, y poner en cuestión el certificado que hiciera público el abogado Ruiz. El médico especialista en enfermedades infeccionas y tropicales, y ex miembro del equipo del Censopas, Fernando Osores también está incluida en la citada denuncia.

Frente a ello, antes de asumir denuncias como ésta, el Estado debería preocuparse por tomar medidas de salud inmediatas para el tratamiento de las personas afectadas.

El problema central de éste caso de persecución legal, surge por la denuncia realizada en contra del Estado, al no cumplir su rol de fiscalizador de las actividades económicas como la minería, a fin de que no sea lesiva para la salud, tal como lo establece el artículo 59 de la Constitución; además de no cumplir con velar por la salud de la población, como también establece su artículo 65.

Por ello, exigimos que el MINSA y el MINAM declaren en Emergencia Sanitaria y Ambiental respectivamente a Espinar y active el presupuesto para ejecutar los planes de atención de salud integral de las personas afectadas por la contaminación en Espinar (Cusco), y que no solamente se realicen atenciones generales, si no especializadas a personas que tienen metales pesados en su cuerpo. Asi mismo pedimos que se efectúe la remediación respectiva de los pasivos e impactos ambientales generados por la actividad minera, para eliminar los focos de contaminación que producen los problemas sanitarios.

Finalmente, RED MUQUI muestra su solidaridad con Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores, y exigimos que no se criminalice injustamente a quienes denuncian la inacción del Estado, y que sólo buscan la atención en salud de los afectados cuya vida corre riesgo si no se les asiste con la emergencia que se requiere.

Lima, 21 de enero de 2016

Fuente: www.muqui.org

Fecha: 22 de enero, 2016.